Con independencia de la modalidad de adquisiciones el gobierno de la república no debería esperar a que le pregunten, si no poner a disposición toda información de manera proactiva, porque son obligaciones de transparencia.

Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), de visita en Zacatecas, planteo no calificar a priori las adjudicaciones directas del gobierno de la República, y casi el 70 por ciento son en esa modalidad, y puede ser r la necesidad compras rápidas.

También podría tratarse de romper redes de corrupción entre proveedores y pareas de compra de las dependencias federales, pero de no transparentar contratos y facturas, no se sabrá si de justificó la adquisición directa.

Aclaró que la única excepción es en el tema de seguridad nacional, por su propia naturaleza y lo datos que se manejan de adquisiciones y personales.

Las modalidades para compras del gobierno de la República son adjudicación directa, invitación a más tres personas y licitación pública, pero con independencia del procedimiento, explico el comisionado, toda la información tiene que publicarse.

José Salas Suárez visitó Zacatecas y en un primer evento, la presentación de (In) Justicia Abierta Ranking de la Opacidad Judicial en México, la organización Equis Justicia evaluó a los 32 poderes judiciales en acciones de transparencia y de cuentas.

Del total 18, entre ellos Zacatecas, no registran el número de sentencias emitidas e incumplen la obligación de implementar políticas de transparencia proactiva. Sólo Durango publica todas sus sentencias, y en 15 estado sólo algunas, 13 no respondieron o dieron información diferentes.

Zacatecas y otros 19 estados, carecen de presupuesto para que sus poderes que sus poderes judiciales cumplan las obligaciones de la Ley General de Transparencia.

Posteriormente, participó en la sesión extraordinaria del secretariado técnico local de gobierno abierto, con las presidencias municipales de Zacatecas, Calera, Valparaíso, Fresnillo y Jerez, el gobierno del estado, la delegación de programa federales para poner en marcha el Plan Nacional de Socialización del derecho de acceso a la información pública.