El campo como paradigma social

Por David Monreal Ávila

El 12 de junio de cada año conmemoramos el día mundial contra el trabajo infantil, sin embargo este fenómeno persiste en todo el planeta y se agudiza constantemente, focalizándose en el sector agropecuario.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO por sus siglas en inglés), alrededor de 98 millones de niños y niñas en todo el mundo están sometidos al trabajo infantil en la agricultura; lo cual incluye el cultivo, la pesca, la acuicultura, la silvicultura y la ganadería.

En México, según el Centro de Información de las Naciones Unidas, aproximadamente 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan, y un tercio lo hacen en el sector agropecuario; además 2 millones 217 mil 648 realizan ocupaciones no permitidas, es decir, actividades que ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo o bien se llevan a cabo por debajo de la edad mínima permitida para trabajar, según datos del INEGI.

De acuerdo con datos de la ONU, 115 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en entornos peligrosos o en situaciones análogas a la esclavitud y el trabajo forzoso.

El trabajo infantil en México y el mundo es tan antiguo que las sociedades simplemente han normalizado estas actividades.

Por una parte los empleadores han ignorado la prohibición del artículo 123 constitucional que impide utilizar el trabajo de menos de 15 años, aprovechándose de su vulnerabilidad económica y social que les permite sobreexplotarlos en absoluta impunidad.

En ocasiones son los mismos familiares quienes ejercen este tipo de violencia contra las y los menores, sin considerar en este rubro a quienes por sus condiciones especiales de pobreza se ven obligados a desplegar una actividad laboral familiar para subsistir, que es el caso de las familias más pobres del campo.

En este punto sería un error culpar a los padres “por ser pobres” y correríamos el riesgo de invisibilizar  las condiciones estructurales que impiden el desarrollo pleno de la niñez, como la violencia, la pobreza, la marginación, discriminación y ausencia del estado de derecho.

En este sentido, el Gobierno de México tiene la obligación de reducir los índices de pobreza en las zonas rurales, así como garantizar la correcta aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incluyendo la operatividad de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa.

Para el primer propósito ya están en marcha los 4 programas prioritarios para el campo encomendados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), además de las Becas “Benito Juárez” para evitar la deserción escolar y la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, que engloba a integrantes de comunidades indígenas.

Si somos capaces de mejorar las condiciones materiales de la sociedad rural, podremos aspirar a un cambio en el paradigma del trabajo agrícola y a la efectiva protección del interés superior de la niñez.