–La autonomía no es coraza para privilegiar la corrupción y oponerse a la fiscalización.

-La exigencia de un nuevo modelo de gestión del conocimiento.

-Ausente todavía la acción de un plan de rescate integral de la Universidad.

 

MANUEL IBARRA SANTOS

 

La mayoría de las  universidades públicas mexicanas, entre ellas la UAZ, se mueven en la dinámica de una terrible y absurda paradoja, hasta ahora inexplicable a la luz de la más elemental racionalidad administrativa. Por una parte, experimentan agobiantes crisis financieras, pero por otro lado <como si no existieran problemas económicos en esas instituciones>, sus rectores y burocracias centralizadas se distribuyen discrecionalmente los recursos y reciben insultantes (además de injustificados) salarios millonarios al año. La pregunta que se antoja es la siguiente: ¿Qué instancia legalmente facultada les autoriza sus percepciones?

 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución con una población escolar de 340 mil alumnos y una plantilla de 38 mil 791 académicos, sólo para tener un punto comparativo de referencia, su rector recibe un salario promedio mensual neto de 150 mil pesos; en la UAZ la autoridad responsable de la rectoría, según revelaciones oficiales, confirmadas posteriormente por los propios líderes de ambos sindicatos, percibe ingresos superiores a los $120 mil.

 

Pero existe al respecto un dato que abona a la opacidad: a más de una década de que se inició la tradición de la cultura de la rendición de cuentas en las instituciones públicas de educación superior,  los rectores y sus burocracias colaborativas cercanas no enteran de otros ingresos a sus percepciones, como son los provenientes del pago de prestaciones, estímulos y gastos de representación personal, lo que contribuye a sangrar todavía más las finanzas de las Universidades.

 

La autonomía, por lo tanto, no puede constituirse en una coraza que privilegie la corrupción y los excesos y tampoco puede ir en contra de las sanas prácticas de la fiscalización, la rendición de cuentas y el escrutinio público de los asuntos universitarios. Este sólo factor puede ser considerado como uno entre muchos componentes para inducir una nueva cultura de gestión administrativa en las universidades públicas.

 

Los rectores (-aunque existen también las honrosas excepciones-), se han convertido en paradigmáticos ejemplos de vida, de cómo en unos cuantos años se pueden amasar extraordinarias fortunas, unas creadas legítimamente y otras construidas a la sombra de la corrupción y la impunidad. A ellos, quién les fiscaliza y revisa sus bienes patrimoniales antes, durante y después de culminar sus responsabilidades, contrastándolos con sus salarios reales.

 

Los portales de transparencia de muchas instituciones de educación superior en el país integran y aportan datos de las percepciones económicas  de sus autoridades. Podemos destacar los salarios algunas de ellas: Instituto Politécnico Nacional (IPN) $131 mil; Universidad de Chapingo $118 mil; y UPN $85 mil. Existen una gran cantidad de Universidad Públicas en los Estados, cuyos rectores reciben salarios promedio de cien mil pesos o un poco más y podemos enumerar las de Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Colima. Es el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas quien menos gana y su salario, de acuerdo a la información pública disponible, es apenas  de 42 mil pesos mensuales.

 

HACIA UNA NUEVA GOBERNABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD

 

Ante la serie de problemas estructurales que ha mostrado en su funcionamiento la Máxima Casa de Estudios, luego del prologando conflicto que  paralizó sus actividades sustantivas, lo menos que se puede esperar de los universitarios, de sus líderes académicos, de sus organismos colegiados y del mismo Estado/gobierno, es una actitud responsable que tendrá que expresarse a través de la correspondiente iniciativa para sentar las bases de un nuevo esquema de gobernabilidad de la Universidad.

 

Y la gobernabilidad y gobernanza de la Universidad tendrá que pasar por la operacionalización en esa institución de un nuevo sistema de gestión de los recursos, de la academia, del conocimiento y de las decisiones estratégicas, para que la UAZ sea territorio modélico de la racionalidad administrativa y no de los excesos, la improvisación y la impunidad.

 

Después del levantamiento de la huelga, el conflicto universitario  no está resuelto. Los propios académicos reiterada y públicamente se comprometieron a diseñar y ejecutar un plan de reforma, transformación y rescate integral de la Universidad y este no se observa todavía por ninguna parte, para superar los problemas recurrentes que aquejan a la Máxima Casa de Estudios.

 

AGENDA POR EL DESARROLLO  UNIVERSITARIO:

 

Convertir a la Universidad pública en una prioridad del Estado, implica además trazar en prospectiva una agenda con visión de largo plazo, que contemple entre otros algunos asuntos básicos y fundamentales: i) Modernizar su estructura de gestión administrativa; ii) Proyectar un conjunto de acciones institucionales con soporte financiero para la ampliación de la cobertura de la matrícula en educación superior; iii) Fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, privilegiando los postgrados de excelencia, relevancia y pertinencia; y iv) Consolidar con el Estado un pacto por un financiamiento suficiente, claro y preciso, sujeto a la más estricta fiscalización, rendición de cuentas y escrutinio público.

 

La educación superior hoy se sitúa no sólo como una prioridad, sino como un asunto de seguridad ciudadana. En la actualidad en Zacatecas sólo 3 de cada 10 jóvenes pueden acceder a este nivel escolar y más de 80 mil personas en edad potencial de cursar una licenciatura en la entidad  no lo hacen, quedando de esa forma en los espacios de la exclusión, la marginación e invisibles a cualquier política del Estado.

 

EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD:

 

La coyuntura abre el debate para recordar que corresponde a la Universidad Pública desempeñar un rol clave en el desarrollo social, en la expansión de las oportunidades dignas de vida para todos, en el crecimiento económico, en la gobernabilidad interna y en la gobernanza de la sociedad.

 

A propósito de esto, la fracción quinta del artículo cuarto de la Ley Orgánica de la UAZ, al hablar de sus fines, indica que esta institución “coadyuvará a erradicar la pobreza y la desigualdad social, mediante la universalización del conocimiento y el desarrollo de los valores humanos”. Este es, sin duda, un objetivo incumplido.

 

Por lo demás, nadie puede regatear, soslayar y desconocer el importante papel civilizatorio que la UAZ ha tenido, de 1832 a la fecha, como alma y espíritu, en la conformación del Zacatecas contemporáneo.