Ante las constantes violaciones de derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el estado de Zacatecas, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó al gobernador Alejandro Tello Cristerna generar medidas para la protección integral de las internas.

Mediante un punto de acuerdo presentado al pleno del Senado, la coordinadora del Grupo parlamentario del PT pidió un informe actualizado de los hechos en la Cárcel Distrital de Calera, en el que una interna fue abusada por el jefe de custodios, a pesar de ser un penal varonil.

Informó que debido a las distintas versiones que se han manejado del caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), manifestó su rechazo por enviar a esta mujer a una cárcel varonil y que, a sabiendas de conocer esa irregularidad, no haya sido trasladada de inmediato al Centro Penitenciario Femenil de Zacatecas.

Geovana Bañuelos solicitó al secretario General de Gobierno de Zacatecas, Jehú Salas Dávila, establecer los canales de colaboración entre las autoridades del estado y nacionales para investigar y sancionar, en su caso, los abusos cometidos en contra de la mujer que fue recluida en el Centro Distrital de Calera.

Solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, aplicar los estándares internacionales de derechos humanos en sus determinaciones judiciales; realizar una vigilancia periódica de la ejecución o cumplimiento de las penas, así como a la supervisión de la observancia del respeto y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres personas privadas de la libertad.

Exigió a la fiscal Especializada en Atención a Delitos contra las Mujeres por razones de Género, Fátima Encina Arroyo, investigar con perspectiva de género, a

judicializar el caso de Calera y dar impulso a la investigación penal contra el custodio que se encuentra prófugo; asimismo, a investigar castigar las acciones y omisiones de las autoridades que pudieron haber vulnerado los derechos humanos de la víctima.

Una justificación para recluir a una mujer en una cárcel varonil, fue la sobrepoblación del reclusorio femenil de Cieneguillas, que es para 150 internas, y que actualmente tiene 20 mujeres arriba de su capacidad.

Pero aclaró que el problema de sobrepoblación no es nuevo y en el Informe especial de la CNDH sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, realizado en 2014, ya se habían registrado diversas irregularidades.

Como deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.

“De esa forma, ni los diagnósticos de la CNDH, ni la actuación o investigación de las autoridades en este caso o en casos previos han permitido frenar las violaciones de los derechos de las mujeres privadas de su libertad. Por el contrario, este caso ha evidenciado la falta de corresponsabilidad por parte de las diversas autoridades del Estado”, aseveró la senadora zacatecana.

Solicitó a diversas autoridades del estado emprender acciones para garantizar el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad e iniciar un programa de capacitación con perspectiva de género dirigido al personal que atiende a las internas.