Es preciso que la Federación apruebe a los gobiernos de los estados el presupuesto suficiente para garantizar el buen funcionamiento de los penales estatales, que debe incluir mejor capacitación al personal de los mismos y mayores controles en la contratación del mismo, a fin de evitar actos de corrupción como en los que recientemente se vio involucrada la exdirectora del Penal de Gómez Palacio, Durango, que derivaron en las más recientes masacres cometidas en Torreón y que también podrían tener relación con el robo de urnas el pasado 4 de julio en Durango, como denunció José Rosas Aispuro.

La no aprobación de los presupuestos de la Federación a dichos gobiernos deriva en la falta de recursos en las cárceles, que a su vez se traducen en controles mínimos de seguridad y en la inadecuada capacitación del personal de vigilancia y de custodia. También se refleja en los actos de corrupción que, por necesidad o conveniencia, realizan autoridades de todo nivel en dichos centros de reclusión.

Exigimos acciones concretas que demuestren un verdadero compromiso de la Federación para atacar los pendientes que se tienen en materia de seguridad pública.

Los asesinatos cometidos por miembros del crimen organizado que supuestamente se encontraban recluidos en el Cereso de Gómez Palacio, Durango, y que contaron con la complicidad de las autoridades del penal para salir por las noches de sus celdas para cometer las masacres ya conocidas en diferentes centros de diversión en Torreón, Coahuila, demuestran que urgen cambios de fondo en el sistema penitenciario del país.

Es preocupante que cientos de miembros de las organizaciones delictivas ligadas con el narcotráfico se encuentren recluidos en cárceles de baja y mediana seguridad del país, que no cuentan con las medidas necesarias para garantizar su total aislamiento, pero mucho más preocupante es que persistan las prácticas de corrupción entre los funcionarios de los más altos niveles de las dependencias encargadas de la seguridad pública de nuestro país, que han hecho posible hechos de sangre que en nada abonan a la tranquilidad de los mexicanos.

Estamos seguros que la complicidad de la directora del penal de Gómez Palacio en los sucesos ya mencionados, no es un hecho aislado en el país. Por ello, es urgente se pongan en marcha medidas para garantizar la probidad y lealtad de los funcionarios que están al frente de los centros penitenciarios del país. También es imperativo que los delincuentes estén clasificados de acuerdo a la relevancia de sus delitos y paguen sus delitos en penales que garanticen la seguridad de su población y del personal que los atiende.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, cerca de 44 mil internos del fuero federal se encuentran recluidos actualmente en cárceles estatales, y para la atención de los mismos promete la construcción de 12 penales para 2012. Sin embargo, no podemos esperar hasta entonces porque hechos tan lamentables como los de Torreón podrían volverse a repetir en el momento menos pensado.