Por Aquiles Córdova Morán

No hace tanto que en este espacio me ocupé de la lucha de los obreros de la rica y poderosa empresa TENARIS-TAMSA, fabricante de tubos de acero y ubicada en Boca del Río, Ver., con el propósito de sacudirse el cacicazgo despiadado y corrupto de Pascual Lagunes que llevaba decenas de años jineteando al sindicato respectivo con la protección de la empresa y de funcionarios encargados de aplicar el derecho laboral en Veracruz.

Informé con algún detalle de la prolongada y penosa ordalía que habían vivido los obreros rebeldes al charrismo sindical aludido encabezados por su verdadero representante, el viejo y experimentado trabajador de TAMSA José Carlos Guevara Moreno, mejor conocido por sus compañeros y la opinión pública como “El Profe”, y del casi milagroso hecho de que, al final, la Secretaría del Trabajo (STPS) había resuelto otorgar la toma de nota a la directiva sindical encabezada por Guevara (ahora se sabe que fue una maniobra orquestada desde las oficinas del recién estrenado –entonces– gobierno que preside Miguel Ángel Yunes Linares, deseoso de deshacerse de la mafia de Pascual Lagunes que se había opuesto a su candidatura, y no de un genuino acto de justicia para los obreros de TAMSA).

Finalmente, también di cuenta de la brutal agresión a mano armada perpetrada contra una asamblea sindical, absolutamente inerme y pacífica, que se celebraba en el auditorio de las oficinas del sindicato convocada por “El Profe” y su mesa directiva. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 24 de marzo de 2017 y el saldo fue, como también dije entonces, de dos personas muertas, decenas de heridos y la salvación milagrosa de “El Profe”, cuyo asesinato era el objetivo central del ataque. La identidad precisa de los atacantes, su filiación laboral y política, el arma de grueso calibre que cada uno de ellos portaba personalmente, los vehículos en que se desplazaron e incluso su modus operandi casi minuto a minuto, fue dado a conocer por un medio veracruzano cuya nota reproduje casi completa, con objeto de que no quedara duda sobre la responsabilidad de los hechos y de que se aplicara la ley a los culpables de semejante crimen.

Desde siempre se supo, y yo lo hice ver en el momento oportuno, que los directivos de la empresa eran los menos dispuestos a obedecer la ley y a respetar el derecho de los obreros a elegir libremente a sus representantes, sin ninguna interferencia por parte de la patronal; se sabía, entre otras cosas, la existencia de una vieja denuncia (desde 2013) de los patrones en contra de “El Profe” y seguidores acusándolos de haber causado daños a la producción valuados en decenas de millones de pesos, en un acto de clara interferencia en la vida sindical y de abierta protección al grupo charril de Lagunes. Para subrayar esto, en los días previos al ataque armado, los representantes de la empresa hicieron público un documento en el que defendían abiertamente al sindicato charro y llenaban de invectivas y acusaciones graves a la fracción democrática de los trabajadores.

No hace falta narrar las vicisitudes por las que ha tenido que pasar desde entonces la mesa directiva encabezada por “El Profe”, ni los vaivenes de la autoridad laboral respecto al reconocimiento y la toma de nota de su mesa directiva; me interesa solo informar que, confiado en la justicia laboral mexicana, “El Profe” procedió a últimas fechas a emplazar a huelga a la empresa por las múltiples e inocultables maniobras efectuadas en el reparto de utilidades. Al parecer, las pruebas presentadas por los obreros son de tal evidencia que a las autoridades laborales se les tornó muy difícil desechar el recurso interpuesto por ellos, por lo que la única salida que hallaron todos los conjurados contra la libertad sindical fue desempolvar la vieja demanda de 2013 y, sin mayores trámites, procedieron a detener y encarcelar a “El Profe”, cargándole una cuenta por daños de muchos millones de pesos con el claro propósito de mantenerlo a la sombra por mucho tiempo. Finalmente, pues, se hizo justicia a la sufrida empresa de tubos de acero quitándole de encima a los peligrosos agitadores y rebeldes que piden un poco de democracia laboral y otro poco de justicia social para ellos y sus empobrecidas familias.

Mi interés por dar a conocer estos hechos no nace ni de su rareza (más bien es pan de cada día en los tribunales mexicanos) ni de la ingenua ilusión de lograr por este medio aflojar el nudo corredizo que se ha colocado en el cuello de “El Profe”. Obedece a su carácter paradigmático como expresión de la situación que hoy vive el movimiento obrero mundial en el capitalismo de nuestros días. En efecto, para explicarse esta aberración legal y política cometida contra un luchador sindical limpio y sincero (aunque tal vez algo ingenuo), hace falta recordar, o saber en su caso, que, hoy por hoy, el derecho a la libre sindicalización, a la libre creación de organizaciones gremiales para la auténtica defensa de los intereses laborales de la clase obrera no vive sus mejores días. La época de oro de la lucha sindical nació en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, y particularmente después del famoso “crack del 29”, cuando los estragos de la guerra y la crisis del capital alcanzaron dimensiones más allá de la tragedia. Las masas obreras literalmente se morían de hambre sin poder hallar la manera de ganar un mendrugo para alimentar a sus familias, mientras en el horizonte se alzaba una alternativa que ponía los pelos de punta a la clase dirigente de Occidente: el naciente socialismo en la Unión Soviética.

El primero en darse cuenta cabal del peligro fue el Presidente Roosevelt quien, no bien asumió la presidencia de los EE. UU. en 1933, se apresuró a poner en práctica un “nuevo trato”, un “nuevo pacto” con los trabajadores, el mundialmente famoso New Deal. Dos cosas esenciales postulaba el New Deal rooseveltiano: a) un alivio a la pobreza de las masas mediante lo que algunos economistas llamaron “salario indirecto” y otros “prestaciones sociales”. Fue así como nacieron el seguro social, las jubilaciones, la educación y la salud gratuitas o muy baratas, la vivienda popular, el seguro contra el desempleo y contra enfermedades laborales e incluso el llamado W.P.A., el abuelo de programas de ayuda directa como “Progresa”, “Setenta y más” y otros; b) no solo respetar estrictamente, sino incluso favorecer e impulsar la sindicalización obrera, para dar oportunidad a los trabajadores de defender sus intereses gremiales y lograr, con ello, una sociedad más igualitaria y estable. El objetivo de fondo era vacunar a los pobres contra los cantos de sirena de la Revolución Socialista de Octubre, cosa que, como sabemos, logró plenamente.

El New Deal, con cambios y modificaciones incluso de nombre, se mantuvo más o menos vivo hasta la época de Reagan en EE. UU. y Margaret Thatcher en Inglaterra. Ambos gobernantes llegaron al poder impulsados por una ola de políticos conservadores, industriales y banqueros que culpaban a la política social de sus gobiernos por el descenso de su tasa de ganancia, e incluso veían (correctamente, como demostró el tiempo) que el socialismo había dejado de ser un peligro para ellos. Pedían, pues, acabar con el Estado “paternalista”, con los subsidios directos e indirectos a los obreros y, por supuesto, con la libertad sindical que los presionaba para otorgar derechos y mejoras a sus trabajadores. Fue la época de Milton Friedman y sus “Chicago Boys”, y su triunfo total se conoció y se conoce como “fundamentalismo de mercado” o “neoliberalismo”, cuya esencia era y es: cero intervención del Estado en la economía; cero “paternalismo” hacia los pobres, cero “populismo” en materia de inversión social; que cada quien viva de su trabajo y de su salario, y que el Estado y la sociedad, como tales, solo reconozcan como su obligación garantizar la “igualdad de oportunidades”. Por tanto, cero sindicalismo libre e independiente y cero negociación salarial y de prestaciones entre gobierno y sindicatos.

No hace falta más para entender el doloroso mutis que ha tenido que hacer la otrora famosa y todopoderosa CTM y otras centrales sindicales menores; ni tampoco para explicarse el contenido de las reformas a la ley laboral cuyo verdadero fondo es entregar al movimiento obrero atado de pies y manos, y amordazado, a los intereses empresariales, los únicos que ahora cuentan frente a un Estado totalmente retraído de sus deberes sociales. El verdadero “crimen” de “El Profe” consiste en no haberse dado cuenta cabal de que la era del sindicalismo auténtico, independiente y representativo, ha quedado atrás, y de que ha llegado la hora de levantar la mira de los obreros mexicanos hacia la organización política y revolucionaria del pueblo trabajador en su conjunto para la conquista del poder político de la nación, único camino cierto para hacer plena justicia a los trabajadores. Y hoy paga con cárcel su desfase histórico, como pagó don Quijote con la vida el error de no haber entendido que la época de los caballeros andantes había pasado ya, para jamás volver.