COMUNICADO DE HORTENSIA ARAGÓN

El Partido de la Revolución Democrática reprueba la política de combate a la inseguridad y el narcotráfico llevada a cabo por el gobierno de Felipe Calderón durante el año que está por finalizar, pues 2010 será recordado por todos los mexicanos como el año con el mayor número de asesinatos derivados de la violencia relacionada con las diferentes actividades en las que se ha diversificado el crimen organizado en nuestro país. 

Desde los primeros meses del año quedó de manifiesto que el escalamiento de la violencia, sobre todo en contra de ciudadanos comunes y corrientes ajenos a las operaciones de los cárteles de la droga, sería la forma en que las bandas de narcotraficantes se manifestarían con tal de no perder sus cotos de poder, encaminados actualmente al paulatino fortalecimiento de su presencia en los estados fronterizos de la Unión Americana y en una lenta pero incesante penetración en los países de Centroamérica, en donde ya se han revelado como factor de desestabilización política y social en naciones como Guatemala, El Salvador y Costa Rica.  

Ello ocasionó que las ciudades fronterizas de los estados de Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas se convirtieran a lo largo de este año en escenario de cruentas batallas entre cárteles rivales, en las que sus principales víctimas fueron miles de jóvenes enganchados a la boyante industria del narcotráfico, ante la falta de empleos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia y a causa de la cancelación de oportunidades para hombres y mujeres que desean continuar sus estudios y construirse un futuro alejados de la violencia.  

En 2011, Chihuahua destacó como la entidad con el mayor número de asesinatos registrados en todo el territorio nacional en 2010.

La masacre de 17 jóvenes en una fiesta en Villas de Salvácar, a principios de año, fue el primero de muchos casos en los que el ajusticiamiento de cuentas entre bandas rivales fue el común denominador, pero en el que desgraciadamente la mayoría de las víctimas eran ajenas a las mismas. 

Misma suerte corrieron cientos de adolescentes y personas menores a 30 años que utilizaron los centros de rehabilitación contra adicciones instalados en Ciudad Juárez como refugios para tratar de evadir la venganza de los brazos armados de los cárteles de los que han tratado de alejarse. 

La gravedad de la violencia en México durante 2010, que se manifestó también en bombazos, granadazos, entallamiento de vehículos, narcobloqueos y vendettas no fue ajena para la clase política de nuestro país. Varios candidatos a diferentes puestos de elección popular e incluso presidentes municipales en funciones de diferentes partidos fueron ultimados por venganzas y ajustes de cuentas de grupos criminales, la mayoría por no acceder a las peticiones de estos o no permitirles operar con libertad en sus municipios. 

Dichos crímenes elevaron el repudio y la indignación de la ciudadanía en general y motivaron que la clase política del país exigiera al presidente de la República dar un golpe de timón en la forma en que el actual gobierno panista ha asumido la lucha contra el crimen organizado, la cual desafortunadamente sigue sin cambios fundamentales. 

La realización de los diálogos por la Seguridad, que parecía un intento genuino por tomar las opiniones y los puntos de vista de toda la sociedad, pero sobre todo de los personajes encargados de tomar las decisiones en nuestro país, terminó en una charada de buenos deseos en la que prevaleció la terquedad presidencial y la falta de voluntad del gobierno calderonista para cambiar en serio la situación prevaleciente.

La Procuraduría General de la República reconoció recientemente más de 30 mil asesinatos que ha arrojado la fallida estrategia unilateral de Felipe Calderón en cuatro años de gobierno, que representa la mitad de los muertos oficialmente reconocidos por el gobierno de Estados Unidos por la intervención militar de dicho país en Irak, aunque el augurio para 2011 y 2012 es que la cifra de muertos podría acercarse peligrosamente a las 60 mil víctimas al final del sexenio.  

Para 2011, es seguro que el narcotráfico continúe fortaleciéndose y la violencia se siga recrudeciendo mientras el gobierno de Felipe Calderón insista en privilegiar los golpes mediáticos que representan la captura de los supuestos líderes de “casi todos” los cárteles mexicanos que operan ya a nivel internacional, pero al mismo tiempo no se decida a atacar las redes financieras y el lavado de dinero que le dan sustento y viabilidad al entramado económico de los cárteles, que permite su participación en 22 de 23 actividades ilícitas consideradas por la ONU como propias de la delincuencia organizada, que representan a su vez ganancias por 25 mil millones de dólares anuales.