Por David Monreal

Litzi Sarahí, de 16 años, fue hallada sin vida.

La violencia de género es uno de los delitos más normalizados en la sociedad mexicana, según el INEGI, la extensión de la violencia contra mujeres en el país va desde 52.4% en Chiapas, hasta 79.8% en la Ciudad de México.

Tristemente en muchos de los casos son varones con quienes tienen algún tipo de parentesco o relación sentimental quienes las violentan, violan y asesinan.

Este horror que viven las mujeres tiene muchos siglos ocurriendo en todo el planeta. En México, sólo como un dato de la tremenda desigualdad, hace 65 años las mujeres no podían siquiera votar a sus gobernantes, pues se institucionalmente se les consideraba inferior al hombre.

Poco a poco la lucha feminista ha ido ganando espacios en lo público y lo privado, sin embargo, la violencia se recrudece incluso contra activistas en contra de la violencia de género, como fue el caso de las tres feministas apuñaladas en Chile hace 5 días, en el contexto de una manifestación por la despenalización del aborto.

El delito de feminicidio también fue muy discutido en la comunidad jurídica de México, al considerar un exceso la tipificación el asesinato de una mujer aparte del homicidio, argumentando que podría considerarse simplemente una agravante, pero los cuantiosos casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez dieron el impulso para avanzar en este tema.

Fue hasta 2007 cuando la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia contempló la violencia feminicida dentro de su articulado, y en              2011, coincidiendo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los estados y el gobierno federal comenzaron a incluir este ilícito en sus códigos penales.

La ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia define la violencia feminicida como: “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

En Zacatecas, el caso de Litzi se suma a muchos otros que han motivado la solicitud de la activación de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado, pero la Secretaría de Gobernación simplemente no ha dado respuesta, quizá por incompetencia, por omisión o tal vez por motivos electorales, lo cierto es que desde enero esperamos que se pronuncie al respecto mientras más mujeres y niñas sufren la violencia feminicida en nuestro estado.

El propio Alejandro Tello, gobernador de la entidad se ha manifestado a favor de que se emita dicha alerta, pero esperamos una actitud mucho más institucional y responsable de su parte en este tema, pues la inseguridad sigue siendo la nota diaria en los 58 municipios.