El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), votará contra la propuesta presidencialista de reforma Constitucional al Poder Judicial, porque es absurdo que el nombramiento de ministros, magistrados y jueces sea por voto popular, tómbolas, calificaciones escolares y propuestas por amiguismo, afirmó la Coordinadora Noemí Luna.

Así lo señaló en referencia a la iniciativa presidencial que acaba con la independencia y autonomía del Poder Judicial, y hoy se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Debido a esto, la diputada federal indicó que la fracción que encabeza solicita el análisis de la propuesta alternativa panista de reforma en dicho organismo y en el pleno de la Cámara de Diputados.

Al reconocer la necesidad de reformar al Poder Judicial en aras de una mejora hacia la eficiencia, la coordinadora panista enfatizó el beneficio de revisar las distintas propuestas, como la elaborada por el PAN, que es empática y solidaria con cada uno de los sectores integrantes del sistema judicial, garante de la autonomía y que integra a la ciudadanía.

En el marco previo al arranque de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, programado para las 11:00 horas de este lunes, la Representante Popular por Zacatecas hizo un llamado a las y los legisladores del oficialismo a no dejarse presionar por el Ejecutivo y la Presidenta electa, pues aplicar su mayoría en la comisión y luego en el pleno para aprobar la iniciativa es acabar con la democracia.

Recordó que los sectores político, económico y bancario del país, así como Canadá y Estados Unidos, cada uno desde sus respectivos ámbitos de competencia, han advertido del daño irreparable que se causará a México, a su economía, a su relación internacional y a la democracia con el debilitamiento del Poder Judicial, que no es otra cosa que terminar con la División de Poderes y los pesos y contrapesos institucionales.

Noemí Luna explicó que entre los puntos que contiene la propuesta de reforma del albiceleste está: fortalecer al personal de justicia federal y estatal para el nombramiento del sistema de jueces y magistrados; que el 70 por ciento de integrantes del Poder Judicial provenga de la carrera judicial y el resto de la sociedad civil; y la autonomía constitucional del Consejo de la Judicatura Federal.

Para la elección de ministros proponen la integración de un Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial, independiente y con participación ciudadana, que haga las propuestas de las ternas que se envíen al Senado, en lugar de que provengan del Ejecutivo. También pide crear la Escuela de Formación Judicial, existencia de jueces sin rostro y propone la elección por voto popular de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.