Dado que el gobierno de Zacatecas no ha cumplido a cabalidad el tema de derechos humanos, y que se ubica en la media nacional en el índice de impunidad y con un alto grado de injusticia, David Monreal Ávila, Senador de la República, exhortó al gobierno del estado a rendir un informe sobre el cumplimento y respuesta de dos recomendaciones en particular, además de las acciones, estrategias, programas y políticas públicas que emplearán a fin de erradicar la violación a los derechos de los ciudadanos.

Por mandato del artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, así como los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

El gobierno de Zacatecas no ha cumplido a cabalidad con ese mandato constitucional, ya que la entidad se ubica en la media nacional en el Índice de impunidad, con un grado alto de injusticia. Las subdimensiones que aportan el mayor grado de impunidad son el Sistema de Justicia Funcional y la Cifra Negra (número de delitos que no se denuncia), esta última situándose dos puntos porcentuales por arriba de la media nacional.

Queda claro que Zacatecas es una entidad inmersa en la impunidad, lejos de un Estado de Derecho. Es intolerable que el Estado, pilar de la Revolución Mexicana, esté sumergido en dichas patologías.

Casos cotidianos que ocurren en los municipios de Zacatecas, dejan al descubierto que el Estado no está cumpliendo con la obligación de ser garantes de los derechos humanos, muestra de ello es la recomendación 42/2014, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes, posteriormente al actual gobernador Alejandro Tello Cristerna.

La recomendación da seguimiento al esclarecimiento por la desaparición forzada de diez hombres atribuible a policías municipales del Ayuntamiento del Plateado de Joaquín Amaro, así como por la indebida procuración de justicia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, en agravio de las víctimas y de sus familiares, ya que no se realizó una debida investigación ni se les informó sobre los avances de las mismas. Dichas autoridades omitieron sujetar su actuación a los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo que su cargo exige.

Otra recomendación es la 65/2013, que realizó también la CNDH al Gobierno de Zacatecas, y versa sobre la violación a los derechos a la integridad personal, libertad sexual, educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio de las alumnas de la Escuela Telesecundaria 1, en la comunidad el Saladillo, municipio de Pánfilo Natera. La preocupación de la Comisión es la falta de lineamientos “adecuados” para la prevención de abuso y violencia, o la de una unidad encargada de prevenir, investigar y sancionar sucesos de esta naturaleza.

Por tal razón, es menester de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Zacatecas (CEDH) trabajar en conjunto con el gobierno de Zacatecas y ser críticas de las malas acciones de éste en materia de derechos humanos.

La recomendación 65/2013, del caso de las alumnas de la escuela Telesecundaria 1 del municipio de Pánfilo Natera, señala que éstas deben recibir atención psicológica, la cual contempla cursos de capacitación a todo el personal, tanto docente como administrativo, que labora en los planteles de educación básica sobre prevención e identificación del abuso infantil, y se emitan lineamientos necesarios para prevenir el maltrato y abuso en los centros de educación básica.

Por su parte, la recomendación 42/2014 hecha por la CNDH estipula el diseño e impartición de programas de capacitación para promover la actualización y especialización de los agentes del Ministerio Público en materia de atención victimológica, así como un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en Derechos Humanos, también que se realicen acciones para localizar el paradero de las víctimas, se repare el daño ocasionado a los familiares de las personas desaparecidas y se les brinde atención médica y psicológica.